LOS DERECHOS Y EL DERECHO

Antes de que la ONU adoptase la Declaración Universal de Derechos Humanos, hace poco más de un siglo, en algunos países los bienes garantizados a cualquier individuo de nuestra especie, por el mero hecho de haber nacido, eran muy pocos. Uno consistía en mantener vida y libertad de movimiento cuando no mediase crimen debidamente establecido (derecho argumentado por el autoritario Hobbes, a mediados del siglo XVII). El otro era libertad de conciencia, subdividida en libertad de expresión y libertad de culto (derecho que argumentaron algo después Locke y Spinoza, desde una perspectiva liberal).

En el último tercio del siglo XVIII se añadió al catálogo de bienes inalienables el derecho a perseguir autónomamente nuestras iniciativas, consagrado por la pluma de Jefferson como “búsqueda de la felicidad” al redactar la Declaración de Independencia de los USA. Tras la breve experiencia democrática de algunas ciudades griegas, nos hicieron falta dos milenios para establecer que nadie podría ser legalmente ejecutado o confinado sin previo proceso; que nadie podría ser legalmente obligado a profesar ideas o creencias distintas de las propuestas por su entendimiento; y que nadie –legalmente- habría de renunciar a sus proyectos de mejora e industria por vínculos para con un amo u otro.

Obsérvese que estos tres derechos no solo son reivindicables ante un tribunal de justicia, sino que cualquier tribunal debe velar por ellos -incluso en aquellos casos donde la persona no sepa, o hasta no quiera hacerlos valer-, imponiendo una inmediata reparación al despojado. Está en su naturaleza ser irrenunciables, lo mismo que está en su naturaleza una forma sencilla y directa de reparar su violación: el encarcelado será excarcelado, el perseguido por sus ideas verá perseguir a sus perseguidores como delincuentes, y el obligado a trabajar en esto o lo otro será eximido, además de compensado con una acción penal contra quien le forzó.

Mientras nos mantengamos en estos mínimos estamos en la esfera del derecho, que es anterior y superior a toda legislación. Si la pregunta es qué significa derecho, contesto que ciertas reglas vigentes para todos los adultos de una sociedad civil, sea cual fuere su aspecto, salud, patrimonio u oficio. Antídotos contra el fraude y la violencia, establecen que propiedad y posesión se transmitirán por convenio, que los convenios tienen fuerza de ley entre las partes, y que a toda prestación corresponde una contraprestación por el principio do ut des (“doy para que des, doy porque diste”).

Sin embargo, hacia mediados del siglo XIX empezó a considerarse que el derecho era un mero barniz subordinado a imperativos más profundos, que se identificaron con planificar la actividad económica, el ideario político, el servicio de la deidad verdadera, la exaltación de alguna raza y otros ambiciosos proyectos de ingeniería social, presididos todos por la confianza en líderes infalibles. Desprestigiado así el derecho, que es siempre una creación impersonal y sin fines particulares –como el lenguaje, la ciencia o la cultura-, los derechos humanos propiamente dichos (“vida, libertad, búsqueda autónoma de la felicidad”) parecieron demasiado poco, del mismo modo que la idea clásica de la justicia (“no violarás el derecho”) pareció demasiado poco también, y se propuso como justicia económica, política, social, racial o teologal (en definitiva:”todos obedecerán al Guía”).

Vimos así al bienintencionado F.D.Roosevelt proclamar que las libertades de culto y expresión debían complementarse con libertad ante “la indigencia” y libertad ante “el temor”, como si eso fuese factible sin transformar la iniciativa individual propia de sociedades abiertas en el controlismo de órdenes cerrados, afines al cuartel y al convento, y en último análisis al familismo tribalista. Omitiendo esa evidencia, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró en 1948 unos “derechos económicos y sociales”, entre los que hallamos, por ejemplo, “la satisfacción de las necesidades exigidas por el desarrollo de la personalidad” (artículo 22), o “unas justas y favorables condiciones de trabajo” (artículo 23).

Por loable que resulte a primera vista el propósito, no dejará de ser falaz, banal y tendencioso confundir meras aspiraciones con garantías. Tampoco es ocioso recordar que esa declaración de la ONU fue una solución de compromiso para conseguir que se adhiriesen –siquiera fuese “en principios”- los países donde reinaba el llamado socialismo real. Sin embargo, poner en la misma balanza el derecho a la responsabilidad subjetiva (que es lo implícito en los tres derechos tradicionales) con el “derecho a participar en la vida cultural y a compartir el progreso científico” (artículo 27) omite tanto el tribunal competente para asegurarlo como aquellos recursos capaces de castigar su violación e indemnizar a los perjudicados.

Y el sabotaje latente es tomar esperanzas por realidades, proponiendo convertir la auto-organización social en un colegio de párvulos. No ya Stalin y Mao, sino Hitler y Mussolini habrían ratificado con todo gusto esos nuevos derechos humanos, mientras se les siguiera permitiendo vulnerar los antiguos o primarios. Con todo lujo de detalles, la historia del siglo XX enseña que equiparar declaraciones con garantías jurídicas ha sido en la práctica una excusa para seguir pisoteando la condición humana.

Al multiplicar el catálogo de bienes o derechos inalienables, lo que hizo el totalitarismo fue poner en lugar del impersonal derecho los decretos arbitrarios de tal o cual jefatura. Con todo, no nos engañemos en cuanto al fondo. Confundir unos mínimos que deben y pueden exigirse con unos máximos que deberían regir, pero que no pueden “exigirse” sin gigantescas dosis de hipocresía, viene de querer rechazar un orden complejísimo y espontáneo como el sistema de mercado (finalmente un juego de apuesta, donde los elementos decisivos son destreza y suerte) por una planificación tan simple como el culto a la autoridad coactiva, que para colmo de males jamás ha conseguido las “justas y favorables condiciones de trabajo” exigidas por el protocolo de la ONU. Otra forma de plantear este mismo asunto fue sugerida por Isaías Berlin hace varias décadas, cuando distinguió derechos civiles negativos (o propiamente dichos) y derechos positivos o cháchara populista.

Los primeros tienen su garante en la burocracia de cada sociedad civil convertida en Estado, si bien limitan sustancialmente la discrecionalidad de esa burocracia. Los segundos no tienen otro garante que la discrecional benevolencia del jerarca ascendido a mesías en cada lugar, y extienden el imperio arbitrario de la burocracia a extremos nunca vistos antes del siglo XX. Dado que todos tienen derecho a participar en todos los bienes, el comisariado político de cada enclave depurará las responsabilidades de cada uno por lo que respecta al merecimiento, borrando así del mapa los derechos a la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, el cambio de domicilio o profesión y la iniciativa mercantil.

Curioso juego de trileros, donde el crupier salvífico regala ilimitadas fichas al incauto para luego cobrarse implacablemente el exceso, pues Dios dio y Dios quitó. Vistas las cosas con prosaismo banal, una posibilidad es aceptar que reine la libertad -con el derecho como regla básica del juego. Otra posibilidad es algún reino de injerencias gubernativas en cadena, donde el derecho parece una trampa insolidaria, y la salvación consiste en sustituirlo por adhesiones incondicionales a algún Guía.

Insistamos en que el derecho no puede confundirse con las leyes, obra de fulanito y menganito, y en que sólo aceptando esto aparecen ciertas garantías mínimas, aunque inalienables para todos los seres humanos, en cualesquiera circunstancias. También puede decirse que el derecho es la infraestructura de todo desarrollo, material o espiritual.. De ahí que o perfeccionamos el civilizado anarquismo actual, aceptando su medida de azar y destreza, o añoramos simplismos mandobedientes, que aún vestidos de filantropía no dejarán de acotar espacios para el resentimiento, la envidia y la barbarie, pasiones radicalmente antisociales.

No debe sonar a paradoja que el victimismo sea un corredor de desgracias, que empieza aceptando definiciones sofísticas sobre la libertad, la responsabilidad y la consecuencia de ambas cosas que resulta ser el cambio, o una sociedad abierta. Por frágil que resulte este hoy, lo cierto es que no hemos conocido nada mejor.

 

Antonio Escohotado
Artículos publicados 2003
http://www.escohotado.org



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