MAREANDO LA PERDIZ

Rodríguez Zapatero acaba de proponer más «derechos sociales» al abrir la campaña electoral que terminará el 25 de mayo, y el asunto merece alguna precisión histórica. En efecto, antes de que la ONU adoptase la Declaración Universal de Derechos Humanos los bienes garantizados a cualquier individuo de nuestra especie, por el mero hecho de haber nacido, eran muy pocos. Uno consistía en mantener vida y libertad de movimiento cuando no mediase crimen debidamente establecido (derecho argumentado por el autoritario Hobbes, a mediados del siglo XVII). El otro era libertad de conciencia, subdividida en libertad de expresión y libertad de culto (derecho que argumentaron algo después los liberales Locke y Spinoza), algo que funda también el principio de asociación y reunión.En el último tercio del siglo XVIII se añadió al catálogo de bienes inalienables el derecho a perseguir autónomamente nuestras iniciativas, consagrado por la pluma de Jefferson como «búsqueda de la felicidad» al redactar la Declaración de Independencia de los EEUU.

Tras la breve experiencia democrática de algunas ciudades griegas, nos hicieron falta dos milenios para establecer que: 1) nadie podría ser legalmente ejecutado o confinado sin previo proceso; 2) nadie podría ser legalmente obligado a profesar ideas o creencias distintas de las propuestas por su entendimiento; 3) nadie habría de renunciar a sus proyectos de mejora e industria por vínculos para con un amo u otro. Obsérvese que estos tres derechos no solo son reivindicables ante un tribunal de justicia, sino que cualquier tribunal debe velar por ellos -incluso en aquellos casos donde la persona no sepa, o hasta no quiera hacerlos valer-, imponiendo una inmediata reparación al despojado. Está en su naturaleza ser irrenunciables, lo mismo que está en su naturaleza una forma sencilla y directa de remediar su violación: el encarcelado será excarcelado, el perseguido por sus ideas verá perseguir a sus perseguidores como delincuentes, y el obligado a trabajar en esto o lo otro será eximido, además de compensado con una acción penal contra quien le forzó.

Mientras nos mantengamos en estos mínimos estamos en la esfera del derecho, que es anterior y superior a toda legislación. Si la pregunta es qué significa derecho, contesto que ciertos antídotos contra el fraude y la violencia vigentes para todos los adultos de una sociedad civil, sea cual fuere su aspecto, salud, patrimonio u oficio. Concretamente, es derecho que propiedad y posesión se transmitan por convenio, que los convenios tengan fuerza de ley entre las partes, y que a toda prestación corresponda una contraprestación, de acuerdo con el principio de reciprocidad («doy para que des»).

Hacia mediados del siglo XIX empezó a considerarse que el derecho era un mero barniz subordinado a imperativos más profundos, que se identificaron con planificar la actividad económica, el ideario político, el servicio de la deidad verdadera, la exaltación de alguna raza y otros ambiciosos proyectos de ingeniería social, presididos todos por la confianza en carismáticos líderes. Desprestigiado así el derecho, que es siempre una creación impersonal y sin fines particulares -como el lenguaje, la ciencia o cada cultura-, los derechos humanos propiamente dichos («vida, libertad, búsqueda autónoma de la felicidad») parecieron demasiado poco, del mismo modo que la idea clásica de la justicia («no violarás el derecho») pareció demasiado poco también, y se propuso como justicia económica, política, social, racial o teologal.

Vimos así a F.D. Roosevelt proclamar que las libertades de culto y expresión debían complementarse con libertad ante «la pobreza» y libertad ante «el temor», como si eso fuese factible hacerlo por decreto sin transformar la iniciativa individual de sociedades abiertas en órdenes cerrados, afines al cuartel y al convento, y en último análisis al familismo tribalista. Omitiendo esa evidencia, y presionada por la URSS y sus satélites, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró en 1948 unos «derechos económicos y sociales» entre los que hallamos, por ejemplo, «la satisfacción de las necesidades exigidas por el desarrollo de la personalidad» (artículo 22), o «unas justas y favorables condiciones de trabajo» (artículo 23).

Por loable que resulte a primera vista el propósito, no dejará de ser falaz, banal y tendencioso confundir aspiraciones con garantías. Poner en la misma balanza el derecho a la responsabilidad subjetiva (que es lo implícito en los tres derechos tradicionales) con el «derecho a participar en la vida cultural y a compartir el progreso científico» (artículo 27) omite tanto el tribunal competente para asegurarlo como aquellos recursos capaces de castigar su violación e indemnizar a los perjudicados. Más aún, cualquier déspota ratificará con todo gusto esos nuevos derechos, mientras pueda seguir vulnerando los antiguos o primarios.

Isaiah Berlin captó lo esencial del caso distinguiendo un concepto negativo y un concepto positivo de la libertad, porque este último -mucho más ambicioso que el de no opresión gubernamental- representa el ansia de reconocimiento sentida por personas y grupos, una emoción perfectamente compatible con las más feroces tiranías.En Argelia, por ejemplo, la población sufre operaciones masivas de degüello, y aunque su libertad «negativa» haya retrocedido su libertad «positiva» o auto-reconocimiento ha pasado del no ser al ser; matarifes y degollados tienen la misma religión, la misma cultura, la misma lengua, el mismo territorio. «¿Hay que llamar lucha por la libertad a este combate por un rango superior?». Si la respuesta es sí, dijo Berlin, nos acercamos a «la creencia de que hay una solución definitiva» y con ello a la barbarie.

Con gran lujo de detalles, la historia del siglo XX muestra que confundir declaraciones con garantías jurídicas ayuda en la práctica a pisotear cínicamente la condición humana. Multiplicando el catálogo de prerrogativas inalienables, el dirigismo pone en lugar del derecho las órdenes de alguna jefatura. Pero evitemos que se escamotee el fondo. Equiparar unos mínimos que deben y pueden exigirse con unos máximos que deberían regir -pero que no pueden «exigirse» sin gigantescas dosis de hipocresía-, viene de querer rechazar un orden complejísimo y espontáneo como el sistema de mercado (finalmente un juego de apuesta, donde los elementos decisivos son destreza y suerte) por una planificación que se resuelve en culto a la autoridad coactiva. Y bien, jamás ha conseguido ni remotamente las «justas y favorables condiciones de trabajo» previstas por la Declaración de 1948.

Es llamativo que el reino de los derechos sociales no coincida con el de los derechos humanos. Y llamativo que un aspirante a presidir el Gobierno de este país contribuya a desdibujar los perfiles de cada opción, declarando que conseguirá «más igualdad entre los ciudadanos». La diversidad constituye nuestra principal riqueza, y sólo debemos ser iguales ante el derecho. Otra cosa es demagogia, cuando llevamos décadas viendo cómo todos los partidos socialistas europeos apelan al igualitarismo material -no al jurídico- por estrategia electoralista, mientras a la hora de gobernar aplican recetas indiscernibles de «la derecha».

De hecho, son ellos quienes insisten en que todavía hay izquierda y derecha, la una benevolente y la otra inhumana, en vez de una complejidad económica presidida por la interdependencia. Aquello que favorece a tales o cuales sectores -digamos una traba a la importación, o a la exportación- perjudica por fuerza a otros, y medidas «sociales» para el minero o el jornalero pueden ser lesivas para grupos mucho más amplios. Aunque el discurso simplista capte el voto de algún despistado, ya va siendo hora de que identifiquemos el resentimiento y la envidia como las pasiones antisociales por excelencia. No hay signo más inequívoco de prosperidad civilizada para un pueblo que ser inmune al discurso populista.

Zapatero exprimió sus meninges a fondo hace meses, cuando prometió aquello de «quitaré el poder a los poderosos». Salvo retrocediendo hacia un régimen como el cubano, necesitaría un poder descomunal para rozar siquiera dicha posibilidad, y no me le imagino de tribuno incendiario. Más realista será ver en sus palabras la retórica que corresponde a un paquete ideológico con aspecto progresista.

Pero querer el progreso es un riesgo que viene dando buenos frutos a Europa desde hace unos tres siglos, y la tragedia de la izquierda contemporánea es una conciencia progresista incapaz de reconocer progresos, anclada al discurso del victimismo. Reconozcamos no haber conocido nada mejor que este hoy, a despecho de ser tan frágil o dependiente de la confianza, y estaremos en condiciones de seguir mejorando o no empeorar. Si se prefiere, atrevámonos a distinguir religión y reflexión, porque la reflexión trata de adaptarse al cambio y entender, mientras el fervor religioso -incluso disfrazado de victimismo laico- permanece siempre fiel a alguna verdad ya revelada.



Antonio Escohotado
El Mundo, 2 de enero de 2003
http://www.escohotado.org



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